dpEl fin del Estatus de Protección Temporal que permitía a unos 350.000 ciudadanos haitianos permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos ya es oficial. Este miércoles, la jueza federal de distrito Ana C. Reyes revirtió el bloqueo que impedía el levantamiento del TPS, ordenado por la administración del presidente Donald Trump y respaldado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una formalidad jurídica que confirma lo que ya ocurría en la práctica: los haitianos beneficiarios por los TPS han perdido el estatus que hasta ahora les protegía de las deportaciones.
“La orden del Tribunal, que había suspendido la fecha de entrada en vigor de la Terminación de la designación de Haití para el Estatus de Protección Temporal por parte de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem (…) mientras se llevaba a cabo la revisión judicial, ya no está en vigor”, ha escrito la jueza Reyes en la nueva orden emitida este miércoles.
En febrero, Reyes había bloqueado a la Administración para impedir que terminara el TPS para los haitianos, y un tribunal de apelaciones federal se había negado a levantar esa prohibición. Pero ahora ha revertido la medida, con base en la decisión tomada por la Corte Suprema de Estados Unidos en junio que impide a las cortes de distrito tomar determinaciones sobre los estatus de protección temporal.
Los Estatus de Protección Temporal protegían de la deportación a inmigrantes provenientes de países afectados por guerras, desastres naturales y conflictos que les impiden regresar a sus países. En el caso de Haití, el primer TPS fue aprobado luego del devastador terremoto de enero de 2010. Las distintas administraciones federales que se sucedieron el poder lo fueron renovando hasta que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y decidió su eliminación. El estatus expiró oficialmente a la medianoche del 27 de julio, pero aún era necesario que la jueza federal Reyes emitiera la decisión que hoy levanta oficialmente las protecciones.
La noticia no ha sido una sorpresa para abogados y activistas que brindan apoyo a los inmigrantes haitianos y ciudadanos de otras nacionalidades que han vivido y trabajado en Estados Unidos por décadas gracias a este beneficio. “Las decisiones del tribunal de distrito ya no pueden hacerse cumplir ahora que la Corte Suprema las revocó. Así que, a todos los efectos prácticos, ya no existe ninguna protección”, dijo el lunes la abogada Jessica Bansal, asesora legal de TPS de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), una de las organizaciones que ha impulsado demandas en cortes a lo largo del país para frenar la eliminación de los estatus de protección y que hasta ahora había logrado pequeñas victorias.
Para la activista Guerline Jozef, presidenta y fundadora de la oenegé Haitian Bridge Alliance, se trata de “la mayor revocación de estatus legal en la historia reciente de Estados Unidos”. Esta semana su organización ha documentado “un cambio de táctica” por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las ciudades del país donde hay comunidades haitianas. “En lugar de desplegarse masivamente en las comunidades, están usando estrategias para citar a las personas en sus oficinas o bien detenerlas o colocarles un monitor en el tobillo, diciéndoles que si no se ‘autodeportan’, se les volverá a llamar para presentarse dentro de un mes”, ha dicho Jozef durante una conferencia de prensa este lunes. En Springfield, Ohio, al menos 50 personas han sido citadas por ICE en la última semana y han salido de sus entrevistas con grilletes electrónicos; mientras, quienes han fallado a las citas han sido detenidos y se encuentran actualmente bajo custodia.
Abogados han advertido que una ‘autodeportación’ no significa una salida voluntaria ni protege al migrante de una posible detención antes de abandonar suelo estadounidense, dado que es un proceso por fuera de la ley de inmigración de Estados Unidos.
