dpLas conversaciones de EEUU con Irán ponen de manifiesto la determinación del gobierno de llevar a cabo su represión migratoria, incluso a lugares que, según los críticos, podrían poner en peligro la vida de los deportados.
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La administración del presidente Donald Trump sostuvo conversaciones secretas con Irán sobre la deportación de iraníes durante la guerra en curso. Documentos desclasificados muestran que la administración republicana afirmó a mediados de octubre que tenía planes para deportar iraníes a través de un tercer país, según documentos judiciales.
El juez del caso ordenó al gobierno notificar al tribunal con 24 horas de antelación cualquier plan definitivo para deportar a iraníes a Irán o a cualquier otro país, y con cinco días de antelación por escrito antes de que se realice dicha deportación.
Un grupo legal que representa a iraníes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que al menos una docena de detenidos iraníes fueron informados la semana pasada de su deportación a Irán, y que a algunos se les comunicó que podría producirse tan pronto como el próximo domingo. El grupo legal, denominado Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal, interpuso la demanda en la que se publicaron los nuevos documentos judiciales.
Documentos judiciales y correos electrónicos anteriores muestran que la administración mantuvo conversaciones con Irán sobre las deportaciones que tuvieron lugar el año pasado y poco antes de la guerra. Pero la revelación de que mantuvo esos contactos incluso después del estallido de la guerra puso de manifiesto la determinación de la administración de llevar a cabo su dura represión migratoria, que ha implicado un aumento de las deportaciones, incluso a lugares que, según los críticos, podrían poner en peligro la vida de los retornados.
“Estamos en guerra con un país donde el presidente de los Estados Unidos ha dicho, hace apenas dos o tres días, si no ayer, que es esencialmente un país sin ley… Un país que es enemigo de los Estados Unidos, según el actual presidente. Un país que, según nuestro presidente, asesinó a decenas de miles de manifestantes”, dijo la jueza Ana Reyes, según la transcripción del 15 de octubre.
Agregó: “Y lo que me está diciendo es que Estados Unidos va a enviar personas de vuelta a esa región, enfrentándose a lo que usted, yo y cualquiera que vea esto sabríamos que sería, como mínimo, una grave amenaza de muerte segura”.
El abogado del Departamento de Justicia, Dimitar Georgiev-Remmel, respondió: “Sí, su señoría”.
El gobierno está ejecutando órdenes legales de expulsión. Georgiev-Remmel informó al tribunal que no se había fijado una fecha específica para llevar a cabo ninguna expulsión.
Los documentos judiciales demuestran que la administración mantuvo contactos con Irán durante la guerra en relación con las deportaciones, concretamente para la presentación de documentos de viaje y para averiguar “posibles vías de expulsión”.
El Departamento de Estado declaró que, por lo general, no comenta sobre litigios pendientes ni sobre conversaciones diplomáticas privadas. Remitió las demás preguntas al Departamento de Seguridad Nacional, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
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Hay que detener los traslados: Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal
El Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal informó el jueves que los detenidos iraníes fueron contactados la semana pasada por la Sección de Intereses Iraníes, una oficina de representación iraní en la Embajada de Pakistán en Washington que se encarga de los asuntos consulares, y notificados de un próximo vuelo de deportación a Irán vía Pakistán. Algunos también habían sido notificados de la próxima deportación por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según Yasmine Chubin, directora ejecutiva de la organización, uno de los detenidos intentó suicidarse al enterarse de que podría ser devuelto a Irán. Fue una de las dos personas que posteriormente fueron trasladadas a otro estado, a un centro de detención al que suelen enviar a los detenidos justo antes de su expulsión.
Según el grupo jurídico, ninguno de los detenidos con los que se ha contactado ha recibido información por escrito de las autoridades de inmigración.
“Algunos de esos mismos solicitantes de asilo, y otros que podrían correr la misma suerte, están siendo deportados, todo ello en un contexto de bombardeos estadounidenses cada vez más intensos contra Irán”, declaró Chubin.
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Activistas han expresado su preocupación por los deportados que regresan a Irán, cuya teocracia ha estado reprimiendo a los intelectuales y donde el gobierno reprime con vehemencia cualquier disidencia.
La demanda presentada en relación con los solicitantes de asilo iraníes alega que las agencias de inmigración de la administración Trump han estado compartiendo información confidencial sobre los solicitantes de asilo iraníes con el gobierno iraní, violando las regulaciones nacionales de inmigración y poniendo en peligro a innumerables iraníes, según consta en los documentos judiciales.
La demanda describe una campaña coordinada entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán para identificar a los iraníes bajo custodia del ICE y presionarlos para que regresen a Irán, lo que representa un cambio significativo con respecto a décadas de hostilidad diplomática entre ambos gobiernos.
El DHS ha negado compartir los registros de solicitudes de asilo con el gobierno iraní. El juez que supervisa el caso afirmó que era posible que el gobierno hubiera compartido la información confidencial, pero se mostró escéptico ante las afirmaciones surgidas en la demanda de que el DHS tiene una política coordinada para compartir dichos registros.
Además, cientos de correos electrónicos intercambiados entre funcionarios de inmigración estadounidenses revelaron cómo los dos países colaboraron para organizar el regreso a Irán de más de 100 iraníes en tres vuelos de inmigración en septiembre y diciembre de 2025 y enero de 2026.
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ICE impulsa deportaciones a países peligrosos
Durante la audiencia del 15 de octubre, Reyes advirtió a los abogados del gobierno que iniciaría un procedimiento por desacato si la administración violaba su orden de notificar con antelación al tribunal sobre cualquier vuelo de deportación planificado.
En un documento presentado ante el tribunal el miércoles, el Departamento de Justicia afirmó que la orden del juez, en la práctica, constituía una medida cautelar contra el gobierno, “dada la posibilidad de sanciones y desacato que pendían sobre nosotros”.
Las deportaciones de iraníes a su país de origen son históricamente poco frecuentes, debido a la falta de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán y a la posible persecución que podrían sufrir si fueran enviados a Irán.
Pero bajo la administración Trump, que está llevando a cabo una amplia represión contra la inmigración, el ICE ha presionado para deportar a personas incluso de países que normalmente se han mostrado reacios a recibirlas de vuelta o con los que Estados Unidos ha mantenido relaciones diplomáticas frías o inexistentes.
